En agosto de 2022, tanto el gobierno federal mexicano como la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron acciones de alto perfil en el caso Ayotzinapa , incluida la detención y el inicio de un juicio penal contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam , y la obtención de 83 órdenes de aprehensión adicionales contra agentes militares, civiles y particulares en relación con el caso. Dichos pasos fueron vistos en un primer momento como avances contundentes hacia la justicia y muestra de la disposición de las autoridades de esclarecer los hechos.

Sin embargo, una serie de revelaciones y sucesos ocurridos durante el último mes no sólo ponen seriamente en duda esa lectura, sino que colocan la investigación de los hechos en riesgo, llevando incluso a la renuncia del Fiscal Especial del caso, Omar Gómez Trejo. Lo anterior ocurre al mismo tiempo que se sigue dando a conocer evidencia de la colusión de autoridades militares y civiles con grupos del crimen organizado en el momento de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tal como destaca el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en un nuevo informe publicado el 29 de septiembre.

Enseguida resumimos los eventos que rodean la renuncia del Fiscal Especial, así como los hallazgos del nuevo informe del GIEI.

La UEILCA, creada en junio de 2019, es el área de la FGR encargada de investigar el caso Ayotzinapa. El Acuerdo de creación de la UEILCA le otorga pleno control y facultades en todos los aspectos de la investigación, judicialización, procesos penales y recursos judiciales derivados del caso. Durante los últimos tres años, la UEILCA ha logrado avances tanto en esclarecer las circunstancias de la desaparición como en revelar la escala de la manipulación por diversas autoridades de la investigación inicial del caso, llevando a órdenes de captura y/o el inicio de procesos penales contra varias autoridades relevantes.

Sin embargo, desde mediados de agosto —en los días previos a la reunión que se llevó a cabo entre las familias de los estudiantes y el presidente Andrés Manuel López Obrador y la publicación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) el 18 de ese mes— áreas y agentes de la FGR ajenos a la UEILCA, actuando bajo la autoridad del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, comenzaron a interferir de manera notable en el trabajo que venía realizando la Unidad Especial. En particular, el Fiscal General solicitó a Gómez Trejo judicializar acusaciones contra el ex Procurador Murillo Karam, pero Gómez Trejo indicó que necesitaba más tiempo para terminar de construir un caso sólido. Desde el 16 de agosto, según información dada a conocer por el GIEI, la FGR adscribió a una fiscal externa (de la Unidad de Asuntos Internos) a la UEILCA, quien procedió a tomar control de la carpeta de investigación correspondiente y solicitar la orden de captura contra Murillo Karam en contra de la opinión de la propia UEILCA. El resultado fue una judicialización tan apresurada que el juez que conducía las audiencias iniciales regañó al personal de la FGR que presentaba las acusaciones por su falta de conocimiento del caso (Gómez Trejo se encontraba en Israel en esos momentos en trabajos relacionados a la solicitud de extradición de Tomás Zerón ). Estas circunstancias ponen en duda el futuro del proceso penal contra la autoridad de más alto nivel acusada por el caso hasta ahora.

Por otra parte, la FGR, habiendo anunciado públicamente el 19 de agosto la obtención de 83 órdenes de aprehensión adicionales, solicitó la cancelación de 21 de esas órdenes semanas después, sin fundamento claro. Así, un juez dejó sin efecto las 21 órdenes, de las que 16 eran contra militares, incluido el coronel Rafael Hernández Nieto, entonces comandante del 41º Batallón de Infantería en Iguala, municipio en el que ocurrió la desaparición forzada de los normalistas. En su nuevo informe , el GIEI indica que la solicitud original de las 83 órdenes de captura se realizó con rapidez “para cumplir el tiempo exigido por el Fiscal General” y sin tener debidamente en cuenta “el procesamiento de elementos de prueba” que estaba todavía en curso desde la Unidad Especial. Aun así, los elementos presentados “convenci[eron] a un Juez acerca de la necesidad de despachar las 83 órdenes de aprehensión” y no se explica por qué algunas de esas órdenes fueron posteriormente canceladas mientras otras similares se mantienen.

En este mismo contexto, la FGR dejó sin policías ministeriales a la UEILCA, nuevamente desacatando el Acuerdo de creación de la UEILCA. Es decir, la UEILCA ya no cuenta con los 13 agentes que realizaban labores de investigación de campo y otras actuaciones necesarias. Adicionalmente, la FGR ha iniciado una auditoría de la UEILCA que, para el GIEI, plantea el riesgo de que la FGR tome represalias contra las y los integrantes de la Unidad Especial.

Al día de hoy, según informó el GIEI en conferencia de prensa el 29 de septiembre, la UEILCA se encuentra esencialmente tomada por agentes de la FGR externos a la Unidad Especial, incluido personal no sólo de Asuntos Internos sino de la antigua Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) —áreas de la FGR implicadas en la manipulación de la fase inicial de la investigación del caso durante la administración pasada—.

En este contexto, el 27 de septiembre se dio a conocer la renuncia de Gómez Trejo, decisión tomada al no encontrar condiciones mínimas para seguir realizando su trabajo de forma independiente. Colectivos y organizaciones mexicanas e internacionales han denunciado la injerencia del Fiscal General y otras partes de la FGR en la investigación y llamado al Estado mexicano a garantizar la seguridad de Gómez Trejo, su equipo y sus familias, ante el riesgo de que pudieran enfrentar represalias por su labor en estos tres años.

La intervención externa de la UEILCA y los sucesos narrados aquí sugieren fuertemente que, a pesar de los compromisos de López Obrador para privilegiar el acceso a la verdad en el caso, se están desvaneciendo las condiciones necesarias para una investigación independiente y para alcanzar en la medida posible el conocimiento de toda la verdad de los hechos, así como la sanción a los responsables. En palabras del GIEI, los eventos de semanas recientes “muestran un camino preocupante que llevará a mayor impunidad del caso”.

El 29 de septiembre, el GIEI presentó su cuarto informe sobre el caso. En esa oportunidad, expresó su preocupación por el desplazamiento de la UEILCA de la investigación, narrando los eventos reseñados arriba. Además, presentó sus observaciones y nueva información derivada de su propia labor de asistencia técnica en la investigación del caso, destacando lo siguiente:

La información obtenida por el GIEI permitió identificar un Centro de Inteligencia desde el que se hacían actividades de seguimiento e interceptación telefónica, a pesar de que SEDENA certificó al GIEI que dicho centro no existía, el CRFI Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, existía para septiembre de 2014 (alojado dentro del 27BI), y hacía labores de monitoreo, interceptación y registro de llamadas, pues existe registro de todo esto. El GIEI verificó directamente varios mensajes de este centro en la información que se posee donde había varias transcripciones, mensajes que contenían información de esta naturaleza, pero además ha realizado investigaciones que le permiten concluir que sí se hacían interceptaciones a través de medios como el programa PEGASUS. 

La respuesta de SEDENA a la solicitud reiterada del GIEI ha sido la negación de la existencia de estos mensajes del CRFI, alegando que no se encuentran o que no existen, aspecto que no responde a la verdad.

Entre los militares referidos por nombre se encuentra un Coronel Nieto, presuntamente Rafael Hernández Nieto, contra quien se solicitó orden de aprehensión que después fue cancelada a solicitud de la FGR. Los mensajes interceptados también hacen referencia a la Marina, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) local, la policía estatal, tres corporaciones policiales municipales y tres presidentes municipales. A través de su relación con estas autoridades, Guerreros Unidos habría tenido acceso a la información recabada por el denominado centro C4, el centro interinstitucional de monitoreo e inteligencia en Iguala coordinado por instituciones de seguridad de distintos niveles. Todo lo anterior resalta el nivel de corrupción institucional tanto civil como militar que habría permitido la operación del grupo criminal en Iguala.

El mandato del GIEI venció el 30 de septiembre y el grupo pidió una prórroga de un mes. Es decir, se vislumbra una próxima salida del GIEI de su papel formal de asistencia técnica en el caso. Es importante mencionar que este es actualmente el único caso en México donde existe este tipo de asistencia internacional para una investigación de violaciones graves de derechos humanos. Mientras tanto, las acciones emprendidas contra la labor de la UEILCA desde la FGR dejan en entredicho el futuro de la investigación y de los procesos penales en curso.

Quienes sufren directamente las consecuencias de los retrocesos en la actuación del Estado mexicano en estas semanas son las familias de los normalistas. Como narra el GIEI:

Los familiares y víctimas han estado esperando muchos años a que estos procesos avancen. La práctica de la tortura y de ausencia de pruebas objetivas durante los primeros años de investigación del caso, así como el empecinamiento en la llamada “Verdad Histórica”, llevó a una total pérdida de confianza en las instituciones. La creación de la UEILCA y la COVAJ supuso los primeros pasos para recuperarla. La presencia del GIEI dio seguridad a los familiares de que llevarían adelante los procesos aún con todas las dificultades. La consignación llevada a cabo por la UEILCA de 83 presuntos responsables fue la confirmación esperada durante tanto tiempo de que se daban pasos relevantes para obtener justicia.

La falta de criterio y experiencia con que se han hecho varias audiencias por órdenes de aprehensión hace que los familiares sientan que dicha debilidad conllevará futura impunidad.

En este contexto, el GIEI hace las siguientes recomendaciones como pasos imprescindibles:

En resumen, el acceso a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa nuevamente se encuentra en duda, con pocas señales esperanzadoras desde las instituciones en las últimas semanas. En este contexto, será más importante que nunca que la comunidad nacional e internacional mantenga su atención en el caso, que como señala el GIEI ha contado con un nivel de visibilidad, compromiso político, asistencia internacional e inversión de recursos inédito y así representa una apuesta histórica no sólo por hacer justicia por Ayotzinapa, sino también para sentar modelos y consolidar prácticas necesarias para resolver muchos casos más en un país con más de 100.000 personas desaparecidas. Tal como concluye el GIEI:

[L]os mecanismos de impunidad que han bloqueado la verdad y la justicia en [el caso Ayotzinapa] se encuentran ligados a problemas estructurales de la investigación y la justicia en el país. Resolverlo de forma adecuada será una contribución al cambio que México requiere. En caso contrario, los familiares y buena parte del país perderán esa esperanza.

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