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viernes, 23 de septiembre de 2022 Actualizado a las 21:44
por Tomás González 23 septiembre, 2022
La percepción sobre “los expertos” se ha polarizado. Cada vez hay más personas para quienes el conocimiento científico y la opinión de especialistas pierde credibilidad y confianza. Por otro lado –perdiendo de vista lo legítima que es la preferencia de las personas independiente de su nivel educativo–, hay quienes quieren dejar todo en manos de personas expertas, incluyendo la completa redacción de la nueva constitución.
El conocimiento de hombres y mujeres expertas es muy importante. Por esto, deberíamos cuidar no pedirles más de lo que pueden dar. Si en la próxima etapa del proceso constituyente se les delega una responsabilidad demasiado grande, corremos el riesgo de volver a encontrarnos con un texto falto de legitimidad social y, además, de terminar de sepultar la credibilidad pública de las personas expertas.
La clave está en diferenciar entre asuntos objetivos y subjetivos. Ningún grupo de expertos puede definir si el helado de chocolate es mejor al de vainilla; pero sí puede ayudarnos a encontrar la mejor receta para preparar el que nos guste. Una constitución refleja las preferencias de la sociedad. Personas expertas constitucionales de derecha y de izquierda tienen legítimas diferencias. Pretender plantearle al país que a través de expertos se va a llegar a una solución objetivamente superior y que no va a haber una intensa discusión en el proceso, o que las y los expertos son completamente neutrales y sin sesgos ni preferencias partisanas, es un error. Las diferencias se van a evidenciar y, ante la expectativa, la frustración y desconfianza ciudadana van a surgir como respuesta.
Respecto de la Convención anterior, se ha generado una idea sobredimensionada de ausencia de personas expertas. No se puede decir que no hubo expertas y expertos de los distintos sectores. Entre las y los constituyentes de derecha e izquierda había profesores de derecho constitucional de las universidades más respetadas. Es más, en algunos espacios se habla de la Convención como si hubiera estado integrada por una mayoría de personas sin ninguna educación, cuando en realidad había 59 abogados titulados, 19 profesores y 12 ingenieros, entre otras profesiones y oficios. Creo que los principales problemas de la Convención anterior no tienen que ver con esto.
De todas formas, muy bueno sería que en esta oportunidad todos los sectores estén de acuerdo con que la nueva Convención cuente con el apropiado respaldo de asesores técnicos tanto individuales como colectivos. Al comparar la anterior Convención con el Congreso, éste tiene un presupuesto mucho mayor para asesores y además el equipo de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, el cual desempeña un rol apartidario.
En el trabajo de participación ciudadana que Fundación Tribu ha realizado junto a Stanford hemos apreciado las virtudes de incluir personas expertas al servicio de la deliberación de un grupo diverso de representantes de la ciudadanía. En estos procesos, que involucran un sistema deliberativo bien estructurado, hemos encontrado grandes consensos en torno a reformas estructurales, así como la superación de mitos fuertemente instalados en la población.
La participación de especialistas y de la ciudadanía en general no tiene porqué entenderse como antagonista; sólo hay que encontrar el orden y los roles adecuados para conciliar la necesidad de conocimiento técnico con el respeto por las subjetividades y soberanía ciudadana. En una democracia, el contenido de la constitución debe ser definido según la voluntad soberana de la población en su conjunto; el conocimiento de personas expertas debe estar al servicio de materializar aquello de la mejor forma posible, no al revés.
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